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Tras dos intentos de golpe de estado en 1992, Hugo Chávez logró la presidencia de Venezuela en las elecciones de 1999 e implantó lo que él mismo denominó como “Revolución Bolivariana”. Su proyecto político tenía como objetivo un socialismo “adaptado al siglo XXI”. Ese mismo año se convocó una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de redactar una nueva Carta Magna, y la República de Venezuela pasó a denominarse oficialmente “República Bolivariana de Venezuela”. El país ha continuado siendo desde entonces nominalmente una democracia, pero las medidas impulsadas por el nuevo gobierno para limitar la capacidad de respuesta de la oposición, controlar los distintos poderes del estado, y adquirir la voluntad de una mayoría con cargo al presupuesto público, han convertido paulatinamente a Venezuela en una nación sometida a un régimen técnicamente iliberal y, por lo tanto, no realmente democrático.

Cuando en la actualidad hablamos de democracia, no nos referimos al hecho de que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes políticos por medio de unas elecciones libres. O al menos, no solamente. El gobierno que emana del pueblo implica un conjunto de resortes adicionales que, combinados, permiten a una sociedad moderna dirigir su propio destino y evitar sufrir los caprichos despóticos de un autócrata. La separación efectiva de poderes, la existencia de una prensa libre y plural, y el imperio de la ley con un ordenamiento jurídico regido por una Carta Magna que reconozca deberes y derechos fundamentales, son elementos imprescindibles en cualquier democracia digna de tal nombre en el siglo XXI. La evolución de los sistemas de organización de las antiguas polis griegas, tras desarrollarse con elementos representativos en las ciudades-estado del norte de la Italia renacentista, desembocaron en arquitecturas políticas democráticas modernas que perviven en las naciones occidentales y en muchos otros estados del mundo desde hace ya decenios, siglos en algún caso.