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Actualidad

El orden global creado y liderado por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial buscó desde sus inicios mantener la paz y la prosperidad por medio de la cooperación multilateral y la promoción de la libertad, tanto política como económica. La esencia del nuevo sistema era el comercio mundial. Se trataba de lograr el aumento de los flujos de bienes y servicios entre países mediante el descenso de las barreras fronterizas y la estabilidad de los tipos de cambio entre divisas. Para tal fin fueron creados el FMI, el Banco Mundial, y los acuerdos sobre reducción de aranceles que dieron lugar a la OMC. El esquema planteado en Bretton Woods era acertado y, a pesar de las adaptaciones que ha necesitado, ha sido la plataforma desde la que gran parte de la humanidad ha logrado despegar y obtener elevadas cotas de crecimiento económico sostenido y seguridad.

Tras dos intentos de golpe de estado en 1992, Hugo Chávez logró la presidencia de Venezuela en las elecciones de 1999 e implantó lo que él mismo denominó como “Revolución Bolivariana”. Su proyecto político tenía como objetivo un socialismo “adaptado al siglo XXI”. Ese mismo año se convocó una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de redactar una nueva Carta Magna, y la República de Venezuela pasó a denominarse oficialmente “República Bolivariana de Venezuela”. El país ha continuado siendo desde entonces nominalmente una democracia, pero las medidas impulsadas por el nuevo gobierno para limitar la capacidad de respuesta de la oposición, controlar los distintos poderes del estado, y adquirir la voluntad de una mayoría con cargo al presupuesto público, han convertido paulatinamente a Venezuela en una nación sometida a un régimen técnicamente iliberal y, por lo tanto, no realmente democrático.

Los recientes ataques en Reino Unido y Bélgica, junto con la detención de un militante del DAESH en Madrid, generan la sensación de que la amenaza terrorista en Europa ha adquirido una dimensión sin precedentes. Sin embargo, y aunque es cierto que el número de atentados ha crecido recientemente, es conveniente observar el fenómeno desde una perspectiva histórica.

Cuando Theresa May convocó elecciones generales hace menos de dos meses, las encuestas le otorgaban a su partido más de veinte puntos porcentuales de intención de voto por encima del Labour Party, y parecía que la apuesta garantizaba una victoria con mayoría absoluta y alrededor de 100 escaños más que el partido liderado por Jeremy Corbyn. Sin embargo, la diferencia final de votos entre ambos partidos ha sido de apenas dos puntos (42,4% frente al 40,0%), que se traducen en 57 escaños de distancia por el efecto de desproporción que genera el sistema político mayoritario británico. Sin mayoría conservadora suficiente, el nombramiento de May como primera ministra y la gobernabilidad la pueden aportar los 10 diputados electos del Partido Unionista de Irlanda del Norte, aunque la decisión más coherente para May sería la dimisión.

La caída de Roma se debió, según el recientemente fallecido Zbigniew Brzezinski, a la combinación de tres causas principales: la decadencia moral de sus élites rectoras, la hiperinflación producida por los grandes déficits de gasto público financiados mediante creación de moneda, y el excesivo tamaño alcanzado por los territorios gestionados desde la metrópoli. En el caso de los Estados Unidos, ninguna de estas causas ha cobrado la suficiente fuerza como para debilitar su poder desde el comienzo de su liderazgo mundial, si bien durante los mandatos de algunos de sus presidentes parecía que un cuarto factor diferente sí podría acabar suponiendo el derrumbamiento definitivo: la acumulación de intervenciones bélicas o encubiertas de aparente signo egoísta en un creciente número de países.

El recuento parcial de esta segunda vuelta otorga a Marine Le Pen un 37% de los votos. Si eliminamos el efecto favorable que le ha producido la abstención, considerando en el cálculo el número total de papeletas emitidas en la primera vuelta, su porcentaje real de apoyo entre los votantes disminuye hasta el 24%. Pero si queremos calibrar la fuerza actual en Francia de los populismos de ambos signos, el porcentaje asciende hasta el 40,6% que obtuvieron ambos Le Pen y Melenchon en la primera vuelta de estas presidenciales. Son cifras elevadas, pero no excesivas si tenemos en cuenta la situación socioeconómica que atraviesa Occidente y el impacto que la misma ha tenido en otros procesos electorales recientes en Europa y Norteamérica.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas de 2017 ha estado marcada por el clamor contra las élites que recorre Occidente desde la Gran Recesión. Los niveles de desigualdad y precariedad, aumentados por la revolución tecnológica y el ineficiente marco regulatorio del mercado, se han visto multiplicados en el caso de Francia por los desincentivos al crecimiento de un sistema económico excesivamente estatalizado. Y ha sido esta base la que ha permitido que un segundo factor haya cobrado un protagonismo especial: la inmigración. Cuando existe una crisis profunda, resulta más sencillo emplear con éxito la táctica de culpar a un chivo expiatorio.

A pesar de que Francia padece problemas económicos y sociales cuyo origen es exclusivamente local, comparte con el resto del mundo occidental una serie de dificultades comunes: elevadas tasas de desempleo juvenil, estancamiento salarial para la mayoría de trabajadores, y futuro económico incierto. La mayor parte de la población sufre esta realidad mientras comprueba cómo el crecimiento económico de los últimos decenios beneficia principalmente a las rentas del capital.  De modo que al igual que en los años 30 del siglo pasado la grave crisis llevó al poder a la extrema derecha y fortaleció a medio plazo a la extrema izquierda, hoy también los partidos políticos que anuncian cambio y soluciones distintas y sencillas ven aumentar su respaldo y llegan incluso a tocar poder, como en los casos de Grecia y Estados Unidos. Y aunque tanto Tsipras como Trump se están viendo reconducidos por la realidad macroeconómica y los balances y contrapesos de su sistema político respectivamente, nadie puede garantizar que si en Francia gana un candidato populista, no sea capaz de sacar adelante su programa electoral.

La primera ministra del Reino Unido pronunció un sólido discurso a favor de la permanencia de su país en la Unión Europea ante banqueros de Goldman Sachs un mes antes del referéndum, cuando todavía era ministra del Interior. Tras aquella reunión privada, su tibia postura pública a favor de la permanencia durante la campaña de David Cameron hizo dudar a sus compañeros de partido de la fidelidad e intenciones de la dirigente. Pocas semanas después, tras la dimisión de Cameron, May se postuló en el proceso electoral interno y se alzó con la jefatura del Gobierno. No cabe duda, May tiene un agudo olfato político. Ella debía saber que no solo existía la posibilidad de que ganase el Brexit, sino que además los votantes de su partido lo apoyan de forma mayoritaria. Y en un sistema político como el británico, más le vale al premier mantener el apoyo de sus bases y de su grupo parlamentario.

Resultan inexplicables la crueldad y la torpeza de Bachar el Asad al autorizar la utilización de gas sarín en los bombardeos de su aviación el pasado martes. Tras el otro ataque con agentes químicos perpetrado en 2013 y la posterior negociación con el presidente Obama para proceder a deshacerse de su arsenal, el gobierno sirio no había vulnerado nunca la tregua en el uso de estas armas. Asad ha sido muy torpe, porque la opción de su permanencia al frente del gobierno había ganado enteros de forma paulatina entre la mayor parte de las potencias involucradas en el conflicto, incluido Estados Unidos. El presidente Trump apoyó repetidamente en su campaña electoral la opción de no atacar a El Asad y centrarse en derrotar al enemigo común: el ejército terrorista del DAESH. Por tanto, la acción del dirigente sirio solamente se entiende si se mira a través del espeso velo de ceguera que el odio y la violencia desatan en la guerra.