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Actualidad

El nacionalismo se manifiesta con fuerza en Europa en la segunda mitad del siglo XIX mediante la unión de regiones o antiguos reinos, y su transformación en nuevas entidades políticas de mayor extensión geográfica. Las regiones agrupadas que formaban las nuevas naciones compartían generalmente rasgos históricos y culturales debido, entre otras razones, a su cercanía geográfica. Así surgieron Alemania o Italia. Pero el término también se aplica a la ideología que destaca el apego a la propia tierra a costa del desprecio por el extranjero, aunque este es un fenómeno político en claro retroceso en el siglo XXI, con la excepción del rebrote surgido en simbiosis al fenómeno populista en algunos lugares de Europa y América en los últimos años. Este nacionalismo resulta especialmente anacrónico, dado que busca recuperar la preeminencia de un sistema de naciones-estado que surge de manera oficial en Westfalia en 1648, pero que de forma natural se diluyó en algunos aspectos tras la Segunda Guerra Mundial para dar paso a un sistema de colaboración más estrecha entre naciones. Esta evolución en el sistema político internacional surgido en 1945 buscaba la consecución de ciertos fines comunes a todos los estados involucrados, tales como la paz, la autodeterminación de los pueblos colonizados, y el desarrollo económico.

Hace tan solo unos días tuvo lugar en Nueva York la 72a Asamblea General de Naciones Unidas, y los delegados de cada país miembro pudieron comprobar cómo el Presidente de Estados Unidos elegía pronunciar, en su primera intervención en dicha sede, un discurso más propio del periodo de entreguerras mundiales que del posterior al mismo. Trump enfatizó el retorno a la soberanía plena de los estados y el interés nacional, precisamente ante la principal organización que Estados Unidos y sus aliados impulsaron en 1945 con el fin de alcanzar una colaboración interestatal más estrecha y lograr dejar atrás las guerras entre naciones desarrolladas y la explotación de los pueblos más pobres del planeta.

Corea del Sur produce anualmente un PIB cincuenta veces mayor que su vecino del Norte, con una población tan solo dos veces mayor. Estas magnitudes complican aún más las difíciles relaciones entre ambas naciones, cuyos ciudadanos observan cómo el creciente distanciamiento económico y el consiguiente...

El orden global creado y liderado por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial buscó desde sus inicios mantener la paz y la prosperidad por medio de la cooperación multilateral y la promoción de la libertad, tanto política como económica. La esencia del nuevo sistema era el comercio mundial. Se trataba de lograr el aumento de los flujos de bienes y servicios entre países mediante el descenso de las barreras fronterizas y la estabilidad de los tipos de cambio entre divisas. Para tal fin fueron creados el FMI, el Banco Mundial, y los acuerdos sobre reducción de aranceles que dieron lugar a la OMC. El esquema planteado en Bretton Woods era acertado y, a pesar de las adaptaciones que ha necesitado, ha sido la plataforma desde la que gran parte de la humanidad ha logrado despegar y obtener elevadas cotas de crecimiento económico sostenido y seguridad.

Tras dos intentos de golpe de estado en 1992, Hugo Chávez logró la presidencia de Venezuela en las elecciones de 1999 e implantó lo que él mismo denominó como “Revolución Bolivariana”. Su proyecto político tenía como objetivo un socialismo “adaptado al siglo XXI”. Ese mismo año se convocó una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de redactar una nueva Carta Magna, y la República de Venezuela pasó a denominarse oficialmente “República Bolivariana de Venezuela”. El país ha continuado siendo desde entonces nominalmente una democracia, pero las medidas impulsadas por el nuevo gobierno para limitar la capacidad de respuesta de la oposición, controlar los distintos poderes del estado, y adquirir la voluntad de una mayoría con cargo al presupuesto público, han convertido paulatinamente a Venezuela en una nación sometida a un régimen técnicamente iliberal y, por lo tanto, no realmente democrático.

Los recientes ataques en Reino Unido y Bélgica, junto con la detención de un militante del DAESH en Madrid, generan la sensación de que la amenaza terrorista en Europa ha adquirido una dimensión sin precedentes. Sin embargo, y aunque es cierto que el número de atentados ha crecido recientemente, es conveniente observar el fenómeno desde una perspectiva histórica.

Cuando Theresa May convocó elecciones generales hace menos de dos meses, las encuestas le otorgaban a su partido más de veinte puntos porcentuales de intención de voto por encima del Labour Party, y parecía que la apuesta garantizaba una victoria con mayoría absoluta y alrededor de 100 escaños más que el partido liderado por Jeremy Corbyn. Sin embargo, la diferencia final de votos entre ambos partidos ha sido de apenas dos puntos (42,4% frente al 40,0%), que se traducen en 57 escaños de distancia por el efecto de desproporción que genera el sistema político mayoritario británico. Sin mayoría conservadora suficiente, el nombramiento de May como primera ministra y la gobernabilidad la pueden aportar los 10 diputados electos del Partido Unionista de Irlanda del Norte, aunque la decisión más coherente para May sería la dimisión.

La caída de Roma se debió, según el recientemente fallecido Zbigniew Brzezinski, a la combinación de tres causas principales: la decadencia moral de sus élites rectoras, la hiperinflación producida por los grandes déficits de gasto público financiados mediante creación de moneda, y el excesivo tamaño alcanzado por los territorios gestionados desde la metrópoli. En el caso de los Estados Unidos, ninguna de estas causas ha cobrado la suficiente fuerza como para debilitar su poder desde el comienzo de su liderazgo mundial, si bien durante los mandatos de algunos de sus presidentes parecía que un cuarto factor diferente sí podría acabar suponiendo el derrumbamiento definitivo: la acumulación de intervenciones bélicas o encubiertas de aparente signo egoísta en un creciente número de países.

El recuento parcial de esta segunda vuelta otorga a Marine Le Pen un 37% de los votos. Si eliminamos el efecto favorable que le ha producido la abstención, considerando en el cálculo el número total de papeletas emitidas en la primera vuelta, su porcentaje real de apoyo entre los votantes disminuye hasta el 24%. Pero si queremos calibrar la fuerza actual en Francia de los populismos de ambos signos, el porcentaje asciende hasta el 40,6% que obtuvieron ambos Le Pen y Melenchon en la primera vuelta de estas presidenciales. Son cifras elevadas, pero no excesivas si tenemos en cuenta la situación socioeconómica que atraviesa Occidente y el impacto que la misma ha tenido en otros procesos electorales recientes en Europa y Norteamérica.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas de 2017 ha estado marcada por el clamor contra las élites que recorre Occidente desde la Gran Recesión. Los niveles de desigualdad y precariedad, aumentados por la revolución tecnológica y el ineficiente marco regulatorio del mercado, se han visto multiplicados en el caso de Francia por los desincentivos al crecimiento de un sistema económico excesivamente estatalizado. Y ha sido esta base la que ha permitido que un segundo factor haya cobrado un protagonismo especial: la inmigración. Cuando existe una crisis profunda, resulta más sencillo emplear con éxito la táctica de culpar a un chivo expiatorio.